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El burgomaestre pidió
también la aprobación de una ley que permita una coordinación más fluida entre las municipalidades y la Policía Nacional, a fin de tener más resultados en la lucha contra el crimen.
Sostuvo que el concepto de seguridad ciudadana en Lima y en el Perú como actualmente está planteado carece de eficiencia debido a la ausencia de una ley de coordinación entre los gobiernos locales con la PNP.
En ese sentido, consideró necesaria una ley que permita la ejecución práctica y coordinada de políticas para la seguridad ciudadana y así enfrentar mejor la inseguridad que se percibe en la capital.
“Nosotros propusimos una norma que establezca una coordinación más fluida y que incluso establezca sanciones en caso los policías no cumplan con su función”, expresó el burgomaestre en CPN Radio.
“Hay muchas municipalidades que no se integran al actual sistema de seguridad ciudadana que como está, todavía está mal planeado, pues esa coordinación no está regulada por ley”, agregó.
En opinión de Ocrospoma resulta curioso que existan en Lima Metropolitana 42 municipalidades y algunas tengan serenos con uniforme de colores distintos y una estructura distinta.
Prevención
La autoridad edil sostuvo que la seguridad ciudadana se maneja por un ámbito de prevención, un ámbito de control y un ámbito de ejecución.
En tal sentido, sostuvo que el aporte de las municipalidades debe ser a través de políticas públicas en el ámbito de la prevención.
“Nosotros entramos con políticas públicas bien claras como establecer casas de la juventud, casas de rehabilitación para los drogodependientes”, expresó.
Ocrospoma afirmó que si bien las normas actuales establecen sanciones drásticas contra la micro comercialización de droga y el robo al paso con armas, es fundamental que los magistrados castiguen con todo el peso de la ley a quienes cometan estos delitos.
“Los fiscales y jueces –por ejemplo- no integran los comités de seguridad ciudadana distritales y provinciales a pesar que se los convoca”, lamentó.
Por ello, consideró necesario que los jueces sancionen con servicios comunitarios a los que cometen delitos menores.
“El Poder Judicial tiene que intervenir más y tiene que haber directivas claras a los jueces”, agregó.
El Agustino es la excepción
Ocrospoma señaló que una excepción a esta situación es lo que ocurre en el distrito de El Agustino, donde se aplica la sanción de servicios comunitarios gracias a la participación del Poder Judicial y del Ministerio Público.
“La parte ejecutiva de la seguridad ciudadana entonces no se cumple y por eso los policías se quejan con mucha razón”, detalló.
Acciones en Jesús María
En cuanto a las acciones adoptadas en el distrito a su cargo en materia de seguridad ciudadana, el alcalde Ocrospoma indicó que aumentó el personal de seguridad ciudadana de este distrito de 120 a más de 300 serenos, y se hizo la convocatoria para contar con más de 40 serenos adicionales.
“Tenemos tres nuevos módulos de vigilancia mixta con la Policía Nacional, así como 20 cámaras de video vigilancia, a las que añadirán 10 cámaras más. Mi propuesta está siempre en seguir más adelante con las cámaras de seguridad que permiten disuadir a la delincuencia. A ello se suman motocicletas y autos nuevos, grúas, entre otros vehículos para la vigilancia en el distrito”, explicó.
Sin embargo, detalló que se pueden comprar mil mecanismos, logística, pero si el sistema no colabora, si la Policía no colabora, si el sistema de seguridad no cuenta con la participación de los magistrados y de los que deben intervenir, las medidas que se adopten resultan aisladas e ineficaces.
“Estamos pidiendo más policías para el patrullaje, porque la comisaría del distrito tiene solo 25 policías para la noche y, en vista de ello, el personal del Serenazgo debe realizar el patrullaje sin el acompañamiento policial respectivo”, refirió.
(FIN) PHG/LZD
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